El trámite de apostille consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades. La apostilla, al igual que la legalización, únicamente certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del mismo.

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Para que la apostilla sea válida, la nación en cuestión debe participar en el Convenio de La Haya de 1961. Según el Convenio de Apostilla o el Tratado de Apostilla, un documento con una apostilla se considera legal entre los dos países involucrados, y la apostilla es suficiente para certificar la Validez del documento. Esto ahorra tiempo y dinero; de lo contrario, el documento tendría que verificarse de forma independiente tanto en el país de envío como en el de recepción.